¿Quién es el dueño de la molécula?

Hace dos días, el Premier Javier Velásquez Quesquén se reunió con los Presidentes de los gobiernos regionales de Arequipa, Cusco y Apurímac y les garantizó que el gasoducto sur andino contará con 160 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) para atender el gasoducto andino. En la reunión –donde también estuvo presente el Ministro de Energía, Pedro Sánchez- los Presidentes manifestaron su satisfacción.

La cuestión es que el Premier no puede dar esa garantía porque, según la Ley 26221 de 1993 (Artículo , el Estado es propietario de los hidrocarburos bajo tierra (in situ) pero cuando salen a la superficie son de propiedad del contratista. Así las cosas, el Premier Velásquez no puede disponer del gas, así promulgue uno o varios Decretos Supremos.

El consorcio Camisea, a través del operador Pluspetrol, ha evitado educadamente contradecir al Premier, limitándose a decir que “no se pronunciarían al respecto”. Pero el tema de fondo subsiste: los empresarios son los dueños de la molécula y los que deciden cuándo, cómo y qué se hace con los hidrocarburos extraídos.

El corolario de esta absurda ley fujimorista es que el Perú no puede tener un Plan Energético Integral de Largo Plazo, como sí lo tienen EEUU, los países de la Unión Europea, Japón, Rusia, China y todos (subrayo, todos) nuestros vecinos. Supongamos que el CEPLAN existe de verdad y plantea que, al 2021, Perú debe tener una industria petroquímica porque es necesario para nuestro desarrollo nacional, mejorar la competitividad industrial y poseer los fertilizantes necesarios para los agricultores.

Si ese objetivo se contrapone con aquellos que tiene el licenciatario, entonces no tendremos petroquímica porque ellos son, en primera y última instancia, los dueños de la molécula. Por tanto, para podernos plantear cambios en la matriz energética –que necesariamente son de largo plazo- lo importante es que el Estado tenga todas las facultades para decidir acerca del uso y destino de sus recursos naturales –en este caso energéticos- lo que pasa necesariamente por derogar el Art. 8 de la Ley 26221.

El origen del absurdo tiene una explicación: la creencia absoluta en el dogma neoliberal que las leyes de la oferta y la demanda en el mercado llevan a la asignación óptima de los factores de producción. Por tanto, el Estado debe dejarles la cancha completamente libre a los privados “que están preparados para tomar las decisiones que más les convienen a ellos y –con la ayuda de la mano invisible- a la sociedad en su conjunto”.

En el terreno de los mercados financieros ese dogma es falso (veamos, si no, la actual crisis global) y lo es de la misma manera en el estratégico campo de la energía. En el Perú, ese dogma genera los problemas actuales, ya que, como dice un reciente informe de Osinergmin (1): “las empresas del sector energía, privadas en su mayoría, han implementado una política de negocios, pero no una política energética coherente a nivel nacional, en tanto cada una de ellas toma sus decisiones en base a su propia estrategia empresarial”.

Aparte de los necesarios cambios a la Ley 26221, considero necesaria una última acotación: debe anularse la negociación del 2006 del Lote 88 y volver al contrato primigenio para que el 100% de sus reservas, actuales y futuras, sean destinadas íntegramente al mercado interno. De esa manera no tenemos que mendigar nuestro propio gas (que es además un regalo de Dios porque revirtió gratis al Estado) de 150 en 150 millones de pies cúbicos diarios.

Y nos evitaríamos el triste espectáculo de una situación digna de la mejor República bananera: que el Premier diga que el gas del país se va a destinar a tal o cual mercado, pero que en realidad no decide sobre nada porque el contratista privado es el dueño de la molécula.

Ese es el dilema que, según El Comercio de ayer, atraviesa a los países de la Región a propósito de las declaraciones de Alan García sobre las relaciones con Chile y Bolivia. De un lado tendríamos el llamado “socialismo del siglo XXI que tiene un proyecto expansionista” donde se encuentran Venezuela, Bolivia y Ecuador y, de otro, “un sistema democrático, moderno y de libre mercado” donde están Colombia y Perú.

¿Y qué pasa con Brasil, Argentina, Chile y Uruguay? Pues están en la categoría de “países socialistas que no han tomado posición alguna” (El Comercio, 25/9/09, p. a3). De solo leerlo ya sabemos que esto es un disparate. Cierto. Pero tiene un objetivo claro: utilizar el sentimiento nacionalista de defensa del territorio para identificar “patria” con el modelo económico. Si queremos al Perú (que García y su discurso encarnan) tenemos que mantener intactas las políticas económicas. Si no, somos “tontos útiles chavistas”.

En el terreno económico el disparate no resiste el menor análisis. Colombia es un país con políticas de libre mercado que, sin embargo, tiene un Departamento Nacional de Planeación (DNP) que diseña y controla las políticas de desarrollo económico, social y ambiental de largo plazo, en coordinación con los ministerios y los entes territoriales. Similares organismos existen en los “socialistas” Brasil, Argentina y Chile. En el Perú, el CEPLAN es ninguneado y no existe visión de largo plazo que ordene los objetivos económicos y sociales.

Colombia tiene un plan energético de largo plazo, donde juegan un rol clave las estatales ECOPETROL (hidrocarburos) e ISA (electricidad). Ambas están en el Perú (ISA compró en el 2002 las torres eléctricas) y Ecopetrol acaba de comprar Petro Tech, (la de los “petroaudios”). En Brasil el Estado tiene mayoría accionaria en Petrobrás que aquí explota petróleo en Talara y tiene el Lote 58 (al lado de Camisea).

El “socialista” Chile tiene a la estatal CODELCO, la mina de cobre más grande del mundo, que del 2004 al 2008 les dio a sus FFAA US$ 4,038 millones por la Ley Reservada (Ley 13.196). La estatal ENAP es dueña de las dos únicas refinerías y en el Perú tiene el 50% de los grifos Primax (el otro 50% es del Grupo Romero). ¿Y Petroperú y Electroperú? Muy mal, gracias.

En Colombia, la Comisión de Concertación Salarial fija el salario mínimo anualmente, teniendo en cuenta la inflación y la productividad. Lo mismo sucede en Chile, Brasil y Argentina, pero no en el Perú, donde no se toman en cuenta los acuerdos del Consejo Nacional de Trabajo.

En esos países las autoridades enfatizan que el poder adquisitivo de los asalariados gana terreno cada año, mientras que aquí se ningunea al Consejo Nacional del Trabajo, los salarios mínimos están a la merced del MEF (o sea, en nada) y la participación de los salarios en el PBI desciende todos los años (pero las utilidades sí aumentan).

En Colombia, Chile y Brasil existe un verdadero servicio civil, producto de una reforma del Estado, que establece los ascensos por méritos y homologa los sueldos de los empleados públicos. En el Perú no hay nada de eso, apenas 32 “nuevos” gerentes y, ahora, los Núcleos Ejecutores.

Y así podríamos seguir con el disparate de los “dos modelos”. Lo que sucede es que aquí se quiere seguir con el obsoleto liberalismo a ultranza (que no existe en Colombia, Chile y Brasil, si bien tienen diferencias) para garantizar el modelo primario exportador, evitando redefinir los roles del Estado para poner al medio el péndulo económico y seguir protegiendo los intereses de unos cuantos.

Se quiere agudizar la polarización de cara a las elecciones del 2011 usando ahora la “defensa de la patria” como pretexto para no cambiar nada del modelo económico. Para que todo siga igual.